La reciente decisión de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) de ejecutar cobros por US$ 2,6 millones (62.749,11 UF) a WOM tras incumplir la meta del 90% de obras técnicas recepcionadas al 30 de septiembre (hito fijado en la transacción con el Consejo de Defensa del Estado) vuelve a poner en el centro del debate la seriedad de los compromisos en la industria de las telecomunicaciones. Con porcentajes de avance que apenas rondan entre el 53% y el 68% según la banda de frecuencia, esta nueva sanción se suma a un historial de retrasos que ya eleva los cobros y compensaciones exigidos a la compañía a cerca de US$ 70 millones. Si bien la aplicación de estas cauciones demuestra que el Estado está ejerciendo sus facultades fiscalizadoras, el problema de fondo trasciende por mucho la recaudación fiscal o el monto de una multa.
Lo verdaderamente preocupante de este escenario no es el castigo pecuniario, sino la vulneración de un compromiso técnico y territorial que la propia empresa diseñó y ofertó para adjudicarse el espectro radioeléctrico (y del cual incluso habíamos mencionado unos reparos). En los concursos públicos de telecomunicaciones, las compañías definen sus cronogramas y alcances bajo su propio riesgo y conocimiento operativo, asumiendo una obligación de servicio público. Cuando esos plazos se postergan una y otra vez —primero respecto del calendario original de 2023 y ahora frente a una reprogramación pactada con el Estado—, se debilita la fe pública y se distorsiona la competencia frente a otros actores que sí ajustaron sus inversiones para cumplir en tiempo y forma.
Detrás de cada estación base pendiente o de cada obra técnica rechazada hay un impacto directo y cotidiano en los ciudadanos. Existen miles de usuarios (particularmente en zonas rurales, localidades aisladas y sectores vulnerables) que siguen esperando una conectividad de quinta generación que ya fue prometida y cuya fecha de entrega expiró hace tiempo. Para una familia, un estudiante o un emprendedor local, la ejecución de una boleta de garantía a favor del Fisco no se traduce en mejor señal ni en acceso real a la economía digital; el costo de la demora lo siguen pagando quienes permanecen desconectados o con servicios degradados.
Aún queda en el horizonte el plazo fatal del 31 de diciembre de 2026 para completar el 100% del proyecto comprometido y recepcionado. Sin embargo, observando la brecha actual en las tres bandas —700 MHz, AWS y 3,5 GHz— y el antecedente de incumplimientos reiterados, cuesta creer que la empresa logre revertir en pocas semanas un rezago estructural acumulado durante años. La experiencia reciente obliga a mirar esa fecha límite con legítimo escepticismo y a anticipar qué ocurrirá cuando el calendario vuelva a agotarse sin que la infraestructura esté plenamente operativa.
Frente a esta realidad, resulta indispensable hacer un llamado firme al regulador de telecomunicaciones. Subtel no solo debe limitarse a cobrar garantías a posteriori, sino que debe actuar como verdadero garante de que los concursos públicos y licitaciones cuenten con mecanismos robustos que impidan que el incumplimiento se transforme en un modelo de negocio viable. El sistema regulatorio no puede permitir que existan empresas que prefieran dilatar sus inversiones o incumplir sus metas proyectando que siempre habrá espacio para renegociar nuevos plazos; la certeza jurídica y el derecho de los usuarios a una conectividad oportuna deben estar siempre por encima de cualquier cálculo corporativo
